Solo el 10% de las empresas en el territorio nacional lograron adecuar sus establecimientos para cumplir con el plan energético

La Asociación de Empresarios de Comercio de Salamanca (AESCO), integrada en el CES, junto con la Confederação do Comércio de España (CEC), de la que es miembro, piden una moratoria razonable de al menos 3 meses para que las empresas puedan cumplir con las obligaciones de contar con un sistema que mantenga cerradas las puertas de los establecimientos para mantener la temperatura interna, contempladas en el Plan Energético del Gobierno.

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Según la CEC, solo el 10% de las empresas en el territorio nacional lograron adaptar sus establecimientos a esta normativa.

Las razones son varias, entre ellas la ausencia de un plazo realista y razonable para llevar a cabo estos cambios, ya que se estima que entre 100.000 y 120.000 empresas en España necesitan esta adaptación. “Hay negocios que se crearon para no tener puertas y la nueva ley exige una reformulación completa del local que va más allá de la instalación de una puerta”, explica Rafael Torres, presidente de la CEC.

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Del mismo modo, el decreto-ley finalmente se tramitará como proyecto de ley, por lo que las reformas presentadas introducirán cambios en el mismo, por lo que “lo lógico y sensato es esperar a la aprobación de la ley definitiva para que el sector conozca con certeza cuáles son las obligaciones que deben ser cumplidas».

Por otro lado, el Ejecutivo prometió una línea de ayuda de 100 millones de euros a las comunidades autónomas para que, si así lo desean, puedan financiar las actuaciones en locales comerciales que exige el decreto-ley, como la instalación de accesos automatizados. La realidad hoy es que prácticamente no se especificó ninguno, ni valores ni plazos de pago. Para llevar a cabo estas modificaciones, la CEC estima la necesidad de unos 200 millones de euros.

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Por todo ello, AESCO y CEC solicitan una moratoria razonable de al menos 3 meses a la espera de conocer el texto final de la ley que permitirá realizar con seguridad los proyectos de adecuación y dar tiempo a las comunidades autónomas para publicar y pagar las ayudas prometidas.

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