Los leones piden al Consejo de Cortes que se realice el cribado neonatal o test del talón, que ya hacen la mayoría de comunidades, pero no Castilla y León, para detectar la acidemia metilmalónica y evitar «aumentar la gravedad y los costes» de los afectados.

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) presentó una batería de preguntas en los Juzgados Autonómicos y una Proposición de Ley con el objetivo de que la comunidad de Castilla y León empiece a realizar el cribado neonatal o test del talón, que permita diagnosticar acidemia metilmalónica. Y es que Castilla y León no está realizando esa prueba de tacones que hacen 10 de las 17 Comunidades Autónomas de España.

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De hecho, las comunidades vecinas de León y Castilla, como Galicia, Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón o La Rioja, realizan esta prueba. Por ello, la UPL considera que «tanto los leoneses como los castellanos están en desventaja respecto al resto de españoles e implican una desprotección para los niños de León y Castilla al ser diagnosticados de acidemia metilmalónica».

Al no realizarse estas pruebas en Castilla y León, no se puede diagnosticar la acidemia metilmalónica y se generan múltiples ingresos hospitalarios, la multiplicación de los gastos médicos que tienen que asumir directamente las familias de los niños afectados y el retraso en el tratamiento de la atención médica adecuada , agravando la enfermedad por falta de detección temprana.

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En este sentido, la formación leonesa considera que «el Consejo debe implicarse sin demora para que el cribado neonatal o la prueba del talón se pueda realizar de forma inmediata en las regiones de León y Castilla». Además, consideran que se debería instar al resto de comunidades que aún no se han hecho este test a que lo hagan, para que “no haya desprotección y desigualdad entre los españoles por diagnosticar”.

Por todo ello, la UPL pregunta a la Junta de Castilla y León por qué no realiza el cribado neonatal, solicitando un compromiso y fechas para empezar a hacerlo, hecho que también fomentan a través de una Proposición No Legal. preguntó al Gobierno regional si la administración regional asumirá total o parcialmente los costes que ahora soportan las familias con niños afectados, como las inyecciones diarias de B12.

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