Los socialistas denuncian el descontrol de estas condiciones contractuales y piden al Gobierno municipal del PP que cumpla la ley

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca reclama la puesta en marcha de un sistema eficaz y transparente para controlar el cumplimiento de las cláusulas sociales en los contratos públicos, el control y la supervisión «esenciales en la gestión municipal». Así lo han señalado los consejeros del PSOE Juan José García Meilán y María Sánchez en la presentación en rueda de prensa de esta iniciativa que llegará al pleno este viernes 7 de octubre en forma de moción.

En primer lugar, el concejal socialista recordó que la Ley de Contratos del Sector Público de 2017 obliga a las entidades contratantes a incluir, como mínimo, una cláusula social, medioambiental o de innovación y desarrollo en las condiciones de ejecución de cualquier contrato público. Además, dentro de esta legislación, en 2019 se aprobó el Plan para promover la contratación pública socialmente responsable, es decir, aquella que garantice el trabajo digno y el cumplimiento de los derechos laborales y sociales de los trabajadores.

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Por tanto, “los aspectos sociales del contrato no son meras declaraciones de intenciones vacías de contenido e imposibles de controlar, sino que son auténticas obligaciones contractuales”. En este sentido, “de la misma manera que debe sancionarse el incumplimiento del precio o del plazo del contrato, también debe exigirse el cumplimiento de las consideraciones sociales”, unas cláusulas “que vinculan al contratante desde el momento en que se ha sometido su oferta en concurso público y que se decidió incluirla en los pliegos y contratos administrativos”.

En el caso del Ayuntamiento de Salamanca, el Grupo Municipal Socialista denunció en varias ocasiones la falta total de control e inspección del cumplimiento de las cláusulas sociales de los contratos públicos, “situación que incide especialmente en los contratos de prestación de servicios”. en el que el equipo es un beneficio del partido imprescindible”.

Según ha explicado el concejal socialista, un ejemplo reciente de este descontrol por parte del Gobierno municipal tiene que ver con los déficits de casi medio millón de euros en el contrato de prestación de los servicios de conservación, mantenimiento y mejora de parques y jardines, descubierta por el PSOE el pasado mes de febrero. Una reclamación que permitió abrir un expediente sancionador a la empresa adjudicataria para recuperar el dinero defraudado.

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Otro contrato que los socialistas exigen fiscalizar es el del servicio de ayuda a domicilio, porque “ahora se van a reformular los pliegos y hay un gran número de cláusulas éticas a la hora de trabajar con personas mayores que la empresa debe cumplir, entre otras, planes de formación, ayuda psicológica y una distribución más eficiente de la carga de trabajo para las trabajadoras”.

Asimismo, García Meilán ha recordado cómo, hasta el mes pasado, el Ayuntamiento de Salamanca no contaba con un Plan de Igualdad, incumpliendo desde hace años la legislación vigente. “La administración debe ser ejemplo y guía en la incorporación de cláusulas sociales”, insistió, recordando que “este tipo de materias, además de estar incluidas en la regulación general del trabajo, forma parte de los objetivos de la Agenda 2030 y debe ser supervisada de oficio, sin que la oposición deba denunciar día tras día el incumplimiento”.

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En este contexto, los socialistas afirman categóricamente que «el equipo de Gobierno municipal siempre se ha negado a establecer un sistema específico de seguimiento de los contratos para que el órgano de contratación pueda realizar un control y, posteriormente, informar periódicamente a la Comisión de Bienes y Contratos sobre posibles incumplimientos». -cumplimiento y sus consecuencias contractuales”.

Por ello, exigen al PP que cumpla la ley, subsane y corrija esta anomalía, ya que “no hay que olvidar que el Ayuntamiento es directamente responsable de las condiciones laborales de los trabajadores contratados desde el momento en que aparece una cláusula social. en un contrato”. En esta línea, concluyó la socialista María Sánchez, “si el PP no las hace cumplir es porque no respeta los derechos de estos trabajadores ni los contratos que firma con las empresas adjudicatarias”.

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