El Gobierno Municipal no aplicará los nuevos coeficientes máximos para el cálculo de las Ganancias Patrimoniales, establecidos por el Gobierno de España, lo que supondría un incremento del impuesto sobre la mayoría de las transmisiones inmobiliarias sujetas al mismo. En cumplimiento de obligaciones contractuales, se actualizan algunas tarifas según el IPC interanual de mayo de 2022, con un impacto máximo para el 80% de los usuarios de 1,92 € y 2,10 € trimestrales (según sean usuarios domésticos o no). ) en el caso de las tarifas de agua y alcantarillado, y 0,46 € por trimestre en el caso de la tarifa de depuración. Se mantienen todas las bonificaciones que permiten a las personas y familias con menor capacidad económica beneficiarse de importantes reducciones de impuestos, tasas, precios públicos y tasas municipales

El Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Rodríguez, ha presentado hoy el Proyecto de Ordenanza Reguladora de impuestos, tasas, precios públicos y tasas municipales para el año 2023.

El Proyecto contempla la congelación de impuestos, tarifas y precios públicos, así como las tarifas por el uso del transporte urbano por noveno año consecutivo.

De esta forma, las personas, familias, autónomos y empresas salmantinas se beneficiarán en 2023 de una medida que el Ayuntamiento aplica ininterrumpidamente desde 2015 a los cinco impuestos municipales (IBI, Plusvalía, IAE, ICIO y Vehículos), rebajando incluso algunos de ellos, como el caso del IBI al 5%; así como la tasa de recolección de residuos sólidos urbanos (tasa de recolección de basura) y las tasas de uso de buses urbanos, por mencionar aquellas que afectan a la generalidad oa una parte muy importante de la población. Una medida que también afectará a la tarifa de estacionamiento de vehículos en parques regulados (ORA) el próximo año, aprovechando en este caso la nueva licitación del contrato de gestión de este servicio.

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En el caso de las Plusvalías, Fernando Rodríguez anunció que el Gobierno Municipal no aplicará los nuevos coeficientes máximos para el cálculo de este impuesto, establecidos por el Gobierno de España en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023, lo que supondría un incremento de la impuesto sobre gran parte de las transmisiones inmobiliarias sujetas a él.

El Proyecto Portaria también mantiene todas las bonificaciones que permiten a las personas y familias con menor capacidad económica beneficiarse de importantes reducciones de impuestos, tasas, precios públicos y tasas municipales; descuentos mantenidos o ampliados desde 2015. Cabe mencionar, por ejemplo, la reducción del 25% en las tarifas de agua y alcantarillado; 50% sobre la tasa de basura; de hasta el 100% en las tarifas de Guardería Municipal, Servicio de Ayuda a Domicilio o Comida a Domicilio; 90% en Impuesto Predial; o el bono autobús especial, que te permite viajar en el autobús urbano pagando 0,03 euros por trayecto.

Cumplimiento de compromisos contractuales de prestación de servicios públicos

En estricto cumplimiento de los compromisos contractuales adquiridos por el Ayuntamiento para la prestación de los servicios públicos municipales, se actualizan algunas tarifas municipales. Fernando Rodríguez ha explicado que, de no llevarse a cabo estas actualizaciones, el Ayuntamiento se verá obligado a indemnizar a las empresas gestoras de servicios por la pérdida de ingresos que ello supondría, máxime cuando el coste de la prestación de los servicios también se está viendo afectado significativamente por el importante incremento en costes de energía, combustible e incluso otros suministros.

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Solo en 2023, el gasto para las arcas municipales rondaría los 1,7 millones de euros, valor que iría aumentando en años sucesivos en función de la evolución del IPC, ya que la referida pérdida de ingresos se consolidaría para los años siguientes. Un gasto adicional para el Ayuntamiento que habría que financiar bien subiendo los impuestos, bien reduciendo el gasto en servicios públicos o el gasto social; en definitiva, un gasto que acabaría sufragándose por igual de los bolsillos de los salmantinos.

En concreto, las tarifas por el uso de piscinas municipales se actualizan un 0,17%, según la evolución interanual (a partir de noviembre de 2021) del índice de precios nacional de la subclase de servicios recreativos y deportivos, las tarifas por la uso de piscinas municipales, revisión misma que afectará a las tarifas por el uso de Multiusos Sánchez Paraíso y por el uso de las instalaciones de la Ciudad Deportiva de La Aldehuela.

A su vez, se actualizan un 8,7%, según la evolución interanual del IPC de mayo de 2022 (más favorable que la de agosto, que fue del 10,5%), las tarifas de prestación de servicios de suministro de energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, para los prestación de servicios funerarios y cementerios municipales, para uso de bienes e instalaciones en el Mercado Central de Abastecimiento, para uso del estacionamiento vigilado en el Centro de Transporte de Carga, y para la prestación del servicio de Tratamiento de Aguas Residuales. Todas estas actualizaciones se realizan a petición de las distintas sociedades gestoras de los servicios correspondientes y, en el caso de las tarifas del Mercado Central, a petición de la Asociación de Comerciantes que lo gestiona.

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En el caso de las tarifas de suministro de agua potable y alcantarillado, y del servicio de depuración, y teniendo en cuenta que el consumo de casi el 80% de los usuarios de estas tarifas se sitúa entre 0 y 20 metros cúbicos trimestrales, el incremento máximo por ellos (consumo de 20 metros cúbicos) serían, en relación con las tarifas de abastecimiento de agua y alcantarillado, 1,92 € trimestrales para usuarios domésticos (7,68 € anuales) y 2,10 € trimestrales para usuarios no domésticos (8,4 € anuales); en el caso de la tasa de depuración, el incremento máximo sería de 0,46 € trimestrales (1,84 € anuales).

Finalmente, el Proyecto de Ordenanza recoge la supresión de las reducciones en los diferentes índices de ocupación de la vía pública (terrazas, puestos, atracciones de feria, reservas de aparcamiento) que se aplicaron desde 2020 hasta 2022 para ayudar a los sectores económicos gravemente afectados por la crisis sanitaria derivada de la misma. Pandemia del Covid-19, ya que se han superado sus efectos negativos sobre la actividad de estos sectores.


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